Hacia la modernización de la justicia en Colombia: ¿De la justicia de papel a la justicia digital?

Por: Juan Pablo Quiñones Amaya.

Estudiante de cuarto año de derecho en la Universidad Externado de Colombia y Monitor de Departamento de Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

 

La implementación integral de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) en la administración de justicia es una necesidad inaplazable para el Estado Colombiano. Los últimos avances tecnológicos obligan a la implementación de esta herramienta, pues permite acercar a la ciudadanía a la administración de justicia para la tutela de sus derechos de una forma más eficiente.

Desde la promulgación de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), el legislador incorporó los lineamientos generales para que las TIC fueran apropiadas y utilizadas en las actuaciones judiciales. Lineamientos que fueron ratificados posteriormente por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996,[1] al afirmar que el contenido del artículo 95 de dicha ley busca que la administración de justicia cuente con la infraestructura técnica y la logística informática necesarias para garantizar el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que la Constitución le asigna.[2]

Desde entonces, se han venido gestando avances hacia la digitalización de la justicia, por medio de la expedición de nuestros estatutos procesales, así como documentos Conpes, guías por parte de la Rama Judicial para la implementación de las TIC y decretos legislativos que han buscado que la administración de justicia sea modernizada.

Sin embargo, actualmente son múltiples los retos en esta materia, en la medida en que no hay una política pública unificada que apunte a la integración de las TIC en la administración de justicia y armonice los instrumentos para ello.

Por el contrario, la implementación de las TIC ha sido abordado desde dos dimensiones: La agenda del Gobierno Nacional y la agenda de la Rama Judicial, las cuales, debido a la separación de las ramas del poder, se han desarrollado desde la autonomía de cada rama.[3] Dicha dualidad ha generado que los avances respecto a la digitalización de la justicia estén dispersos, ante la existencia de múltiples actores de justicia con capacidad y recursos institucionales diversos.

Sumado a lo anterior, no contamos con una justicia digitalizada, toda vez que la mayoría de las actuaciones al interior de los despachos judiciales en Colombia son en papel, como consecuencia del sistema escritural que ha predominado en la actividad judicial.[4] Dicho aspecto permite  ver los rezagos tecnológicos en los despachos judiciales y la falta de consciencia sobre la necesaria bifurcación que debe existir  entre derecho y tecnología, en aras de permitir la dinamización de la justicia y ampliar su cobertura.

Como consecuencia de lo anterior, los operadores de justicia sufren las desigualdades en el acceso y uso de las tecnologías. Proyectos como la implementación del expediente digital aún no son una realidad en todos los despachos judiciales, al igual que no todos los despachos cuentan con Internet o todos los dispositivos necesarios, tanto así que tenemos municipios cuyos juzgados comparten entre ellos un único escáner.[5]

Por lo tanto, se hace necesario articular todos los esfuerzos del Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Rama judicial para permitir que la modernización del sistema judicial se haga de forma homogénea y que los recursos destinados para ello se distribuyan de forma equitativa al interior del país. Lo anterior, para lograr unificar criterios en torno a la implementación de las TIC en nuestro sistema judicial.

Y es que, al hablar de digitalización de la justicia, no se  puede reducir su objeto únicamente a la utilización de plataformas para videoconferencias o a la realización de algunas diligencias de forma virtual. Dichos avances, aunque importantes en la medida en que permiten la utilización de las TIC en los escenarios judiciales, no son suficientes para romper la profunda brecha digital y de acceso a la justicia que golpea a gran parte de la población en Colombia.

Por el contrario, la digitalización de la justicia en Colombia supone un cambio integral y de modernización del aparato judicial, como consecuencia de la utilización de la tecnología y ante la necesidad de que los conflictos que llegan ante la jurisdicción sean resueltos de la forma más eficaz. Sólo con la utilización de las tecnologías en la administración de justicia se logrará ampliar el acceso a la misma en todo el territorio nacional, garantizando los derechos de todos los ciudadanos, sin distinción alguna.

En ese sentido, el término de “acceso a la justicia”, es usualmente equiparado con el acceso a las cortes y los esfuerzos por un proceso legal menos costoso, más simple y rápido.[6] Sin embargo, la realidad muestra que muchas disputas en la actualidad no llegan ante la jurisdicción debido a obstáculos de tipo económico, por los altos costos que implica litigar dichas controversias, así como la demora en la resolución de las mismas, entre otras tantas.

Problemáticas que han adquirido mayor visibilidad a raíz del Covid-19, que supuso la suspensión del aparato jurisdiccional como una medida para mitigar la propagación del virus. Ejemplo de ello es que, la presentación de acciones de tutela en el 2020, como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de los colombianos, se redujo en un 58% en comparación con las cifras del año 2019.[7]

Lo anterior deja ver cómo, ante la imposibilidad del ciudadano para tener acceso físico a los despachos judiciales, el Estado no tuvo la infraestructura necesaria para proporcionar la protección de los derechos constitucionales.

En ese sentido, a pesar de las respuestas pragmáticas que ha tenido que tomar el Gobierno Nacional para poder reactivar el sistema judicial con la expedición del Decreto 806 de 2020, si bien se logra reducir la burocratización de muchos trámites judiciales y permitir el desarrollo de las actuaciones judiciales por medio de las TIC, los problemas estructurales siguen más vigentes que nunca.

Por lo tanto, debe recalcarse la importancia de utilizar las tecnologías en favor de los ciudadanos y grupos vulnerables de modo que se remuevan las barreras que actualmente les impiden el acceso a los mecanismos legales para hacer efectivo sus derechos.[8]

Para lograrlo, se hace necesario ampliar la infraestructura institucional mediante la compra de equipos y tecnología que permitan que la Rama Judicial avance en la optimización de sus procesos, del acceso y servicio al ciudadano, a partir del uso de la tecnología.

Lo anterior, para permitir que la interacción entre los sujetos procesales y ante el juez se lleven a cabo de la forma más ágil y eficiente. En la medida en que se logre homogenizar los progresos en materia de digitalización es que se podrá tener una justicia más cercana al ciudadano, que permita que los conflictos sean resueltos  de una forma eficaz y sin dilaciones innecesarias.

Ante este panorama, la justicia digital en Colombia está lejos de ser una realidad y los retos que supone su implementación requieren de mejoras a nivel de infraestructura y de mayor acceso a la administración de justicia.

 

Bibliografía:

[1] Corte Constitucional. (5 de febrero de 1996) Sentencia C-037 de 1996. [MP Vladimiro Mesa].

[2] López, S. (2019). Nuevo modelo de justicia en línea colombiano. Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/escuela-gobierno-etica-publica/wp-content/uploads/2019/11/Tecnolog%C3%ADas-al-servicio-de-la-Justicia.pdf

[3]Gil, E. (2019). Las TIC como medios para el logro de una justicia moderna. Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/escuela-gobierno-etica-publica/wp-content/uploads/2019/11/Tecnolog%C3%ADas-al-servicio-de-la-Justicia.pdf

[4]Ibídem, p, 64.

[5] Práxedes, V. (20 de octubre de 2020). (Re)pensando la digitalización de la justicia en tiempos de pandemia. [Entrada de blog]. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/column/repensando-la-digitalizacion-de-la-justicia-en-tiempos-de-pandemia/

[6] Kaths, E., Rabinovich, O. (2017). Digital Justice. Recuperado de: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780190464585.001.0001/acprof-9780190464585

[7]Sarralde, M. (20 de febrero de 2021). ¿Qué hay detrás de la caída de un 58% en las tutelas del año pasado? El tiempo, p.1.6.

[8] Rincon, L.(2019). Situación actual y perspectivas de las relaciones entre Derecho, Justicia y Tecnología. Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/escuela-gobierno-etica-publica/wp-content/uploads/2019/11/Tecnolog%C3%ADas-al-servicio-de-la-Justicia.pdf