Las facilidades esenciales y prestación de servicios portadores

El debate sobre las facilidades esenciales en servicios portadores busca equilibrar el acceso a infraestructuras críticas sin desincentivar la inversión. Mientras la CRC evalúa su regulación, algunos proponen incentivar acuerdos comerciales y políticas públicas para promover la conectividad sin afectar la sostenibilidad del sector.

Por: Diego Vélez, Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, Gerente Jurídico y de Regulación de INTERNEXA S.A, empresa perteneciente a ISA. Donde ha desempeñado profesionalmente desde 1999.

En el debate sobre las facilidades esenciales dentro del marco de los servicios portadores surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar el acceso equitativo a infraestructuras críticas sin desincentivar la inversión privada? Este dilema adquiere mayor relevancia en un contexto donde la conectividad es esencial para cerrar brechas digitales y promover la competitividad.

El uso de facilidades esenciales, entendidas como infraestructuras clave para la prestación de servicios TIC, ha sido objeto de discusiones significativas, especialmente en el desarrollo de redes móviles. Un caso emblemático fue el conflicto por la interconexión directa entre los operadores de telefonía celular y Avantel, que resultó en un fallo de 2010. Este fallo reconoció el derecho de Avantel a interconectar sus redes, asegurando que los usuarios pudieran comunicarse de forma ágil, económica y eficiente. Posteriormente, surgió una controversia similar en torno al acceso oportuno de Avantel al roaming automático nacional tras la adjudicación del espectro 4G, llevando a la empresa a buscar la tutela judicial del derecho a la libre competencia.

El debate sobre las facilidades esenciales vuelve a tomar relevancia en la industria de las TIC. Esta vez impulsado por varios jugadores y agremiaciones de la industria en el marco de la solicitud de comentarios realizada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) sobre el proyecto destinado a promover la conectividad y la competencia en el mercado portador.

En los comentarios se subraya que, aunque la regulación define el servicio portador como la capacidad para transmitir señales entre puntos de la red de telecomunicaciones, también debe considerarse su relación con el concepto de acceso. Este implica la disposición de recursos físicos y/o lógicos de una red por parte de un proveedor a otro, promoviendo el uso compartido de infraestructuras. Por ello, proponen analizar cuidadosamente este aspecto y reconocer el servicio portador como facilidad esencial para garantizar el acceso a infraestructuras críticas, fomentando un entorno competitivo en el sector.

Sin embargo, exigir a los operadores que prestan servicio portador (y que en muchos casos no son más que proveedores de infraestructura para la industria TIC) que permitan el acceso regulado a sus redes puede desincentivar gravemente la inversión. Estos operadores, que destinan recursos significativos a construir y mantener sus redes, necesitan modelos de negocio sostenibles que les permitan recuperar costos y obtener un margen de rentabilidad acorde con los riesgos asumidos.

Regular el acceso de manera integral, como lo proponen algunos actores de la industria, podría intervenir profundamente en los modelos operativos de estos operadores, afectando la viabilidad económica de sus proyectos y desalentando futuras inversiones, especialmente en zonas con altos costos de despliegue y bajos retornos de inversión. Además, imponer condiciones que solo permitan la recuperación de costos podría sobrecargar las redes existentes, reduciendo su calidad y sostenibilidad a largo plazo.

Un enfoque más efectivo sería fomentar acuerdos comerciales voluntarios entre los actores del sector, incentivando la cooperación mediante políticas públicas que promuevan la inversión. Este enfoque también debe abordar las limitaciones en municipios con baja densidad poblacional, altos índices de pobreza, difícil acceso geográfico y problemas de orden público, condiciones que dificultan la presencia de operadores mayoristas de datos.

En este contexto, esfuerzos como el proyecto Conectividad para Cambiar Vidas, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), son esenciales. La institucionalización de iniciativas como esta en políticas de Estado garantizaría la reducción de la brecha digital, fomentaría el desarrollo económico y social, promovería la cohesión territorial y aseguraría la continuidad de inversiones a largo plazo. Además, al proporcionar acceso equitativo a la conectividad, se beneficiarían sectores clave como la educación, la salud y el comercio, fortaleciendo la integración de las regiones más vulnerables y alineando al país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.