Ley de Mercados Digitales (DMA) y Servicios Digitales (DSA) en la UE: Impacto para Colombia

Por: Laura González, investigadora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones

El 30 de junio de 2022, se llevó a cabo el evento Ley de Mercados Digitales y Servicios Digitales en la Unión Europea: Impacto para Colombia.

En la instalación del mismo, participaron la doctora Emilssen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho y la doctora Sandra Ortiz, directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, quienes hicieron énfasis en la importancia de estudiar estas normativas por el impacto que pueden tener a futuro en la legislación de diferentes países.

En un primer bloque, moderado por el doctor Emilio Archila, la doctora Teresa Rodríguez de las Heras (Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid) explicó la DSA, indicando que lo que quería la UE con esa normativa era que esas normas tuvieran un efecto similar al Reglamento de General de Protección de Datos, es decir, que se generaran unos estándares internacionales en materia de regulación de plataformas.

En este segmento también participó la doctora Jimena Tamayo Velasco (Doctora del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Valladolid), quien indicó que la UE tiene una apuesta de un marco regulador ex ante que sirva como complemento al derecho de la competencia. Aseveró que debemos esperar su aprobación definitiva y su posible entrada en vigor en 2023, para ver cómo funcionará en la práctica. 

Para cerrar esta primera parte, el doctor Juan Carlos Gómez (Docente Universitario) dijo, por una parte, que estas medidas lograrían hacer que las BigTech se abrieran, lo cual conllevaría a la interoperabilidad y al libre acceso y, por otra, que seguramente en Colombia se adoptará esta normativa de manera tardía y parcial.

En un segundo panel, fue panelista el doctor José Estévez (Vicepresidente de Cremades & Calvo Sotelo), quien señaló que este paquete normativo tiene un impacto enorme y sobresaliente en el comercio electrónico y la digitalización. Además, buscan frenar la distribución de contenidos ilegales, conocer la trazabilidad de los negocios digitales, mejorar la transparencia de las plataformas y regular el efecto de los algoritmos controlando la actuación de las grandes tecnológicas.

También participó en ese espacio la doctora Carolina Corcione (docente universitaria), quien indicó que, en su opinión, la línea que se debía seguir en Colombia iba en el sentido de la adopción del DSA, de establecer una responsabilidad de cara al consumidor en materia de libertad de decisión y posibilidad de reclamación.

Para culminar este segundo panel, la doctora Teodora Toma (abogada de Cremades & Calvo Sotelo) afirmó que uno de los aspectos centrales de esta norma era establecer una serie de salvaguardas en aras de mantener un equilibrio entre los derechos fundamentales (como el derecho a la información y la libertad de expresión) en las plataformas digitales.

Finalmente, se llevó a cabo un tercer panel moderado por la doctora Sandra Ortiz, donde expertos en la materia hablaron acerca de las repercusiones de la Ley de Mercados Digitales en el Colombia.

En él, el doctor Andrés Barreto (Superintendente de Industria y Comercio) hizo referencia a cómo la SIC ha intentado encontrar en el ordenamiento jurídico existente (particularmente en las normas de protección de datos y de comercio electrónico) herramientas para intervenir frente a las nuevas categorías.

Adicionalmente, la doctora Paola Bonilla (Directora Ejecutiva de la CRC) indicó que más que un “súper-regulador” de plataformas, la regulación de los mercados digitales podría darse de manera coordinada entre los reguladores que existen actualmente, ampliando y fortaleciendo sus competencias.

Diego Solano, docente de la Universidad, señaló que este es un mercado que se ha ido autodefiniendo, generando reglas de conducta y que finalmente lo que ha hecho Europa es reconocer esa realidad y ver qué mantener de ella y qué cambiar.

David Toro, profesor de la Universidad, precisó que es preciso preguntarse si es necesario regular o no estos asuntos y si se requiere una autoridad para ello.