Evento
12 de octubre de 2022
Proyecto de Ley 147 de 2022 del Senado
Por: Laura González – Asistente de Investigación del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones
El pasado 12 de octubre, los Departamentos de Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho Económico llevaron a cabo el evento “Régimen de protección a usuarios de telecomunicaciones: ¿qué sigue?”, en el cual expertos analizaron el Oroyecto de Ley 147 de 2022 del Senado, que tiene como objeto establecer el régimen de protección de los derechos y obligaciones de los usuarios de telefonía móvil celular, y las obligaciones de los operadores que prestan este servicio en todo el territorio nacional, así como crear un nuevo régimen sancionatorio.
Este evento fue instalado por la doctora Emilssen González de Cancino, Decana de la Facultad de Derecho y la doctora Sandra Milena Ortiz, Directora del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones. La moderación estuvo a cargo de Emilio José Archila, Docente Investigador del Departamento de Derecho Económico.
En el primer panel participó Samuel Hoyos, Presidente de Asomóvil, quien indicó que la legislación actual ya contiene los elementos fundamentales para una debida protección del usuario y un eficiente control del servicio, por lo cual no es necesario, aunque se entienda su espíritu y fin loable. Hoyos indicó que, en su opinión, crear más regulación podría ser una camisa de fuerza para el sector, lo cual es especialmente grave en una industria que está cambiando permanentemente. Sin emnargo, señaló que si se decide legislar, es recomendable tener en cuenta los lineamientos de la OCDE y hacer un análisis de impacto normativo.
En ese primer espacio también participó Sandra Ortiz, quien señaló que el proyecto desconoce los avances que ha hecho la CRC, pues el régimen regulatorio se ha fortalecido, también debido a la coordinación con la SIC, por lo cual sería un retroceso la normativa mencionada.
En un segundo panel, denominado Derechos y obligaciones de los usuarios de telecomunicaciones, Mariné Linares Díaz, Docente de la Universidad Externado de Colombia, señaló que en el proyecto no se encuentra que en el catálogo de deberes haya algo diferente a lo que ya está previsto en el ordenamiento jurídico, ni hay un cambio o avance en lo que hoy está descrito en la regulación.
Por su parte, María Alejandra Durán, asesora del MinTIC, indicó que es importante que haya un diálogo activo y se escuchen las necesidades de industria y usuario para solucionarlas y prestar un mejor servicio.
Posteriormente, tuvo lugar el panel “Procedimientos para la efectividad de los derechos de usuarios de telecomunicaciones”, donde María Carolina Corcione, docente de la Universidad, señaló que a nivel procesal actualmente está delimitada la competencia de manera clara y que con las normas que están ya vigentes el usuario tiene protegidos sus derechos, por lo cual considera que el proyecto es inconveniente en su totalidad, por ejemplo al establecer un trámite diferente solo para usuarios de telefonía móvil.
Viviana Jiménez, Gerente de Gestión PQRS de Claro, indicó que los derechos de los consumidores ya están siendo protegidos y que podría recomendarse al Congreso estudiar la posiblidad de incluir mecanismos de autocomposición en el proyecto.
Por su parte, Jairo Alejandro Parra, docente de la Universidad, afirmó que actualmente existe una regulación bastante robusta y depurada, por lo que gran parte del proyecto es innecesaria y lo restante puede ser un retroceso, particularmente a nivel procesal.
Finalmente, en el panel Inspección, vigilancia y control respecto de las normas de protección a usuarios de telecomunicaciones, David Toro, profesor de la Universidad, señaló que la clasificación de usuarios que se crea es inconveniente y anti técnica.
José Roberto Soto, Director de Investigaciones Protección a Usuarios Telecomunicaciones de la SIC, indicó que no se entiende por qué habrían de tomarse medidas de discriminación positiva al hablar de usuario de telefonía móvil celular, porque se terminarían generando categorías de usuarios y se les daría un trato diferenciado sin haber una igualdad material pretendida. Así, afirmó que era preocupante la categorización de usuarios que se crearía.