Evaluación de las políticas públicas en materia TIC en el período 2022–2026, y propuestas para el 2026–2030 PARTE II

A partir de los avances identificados, se plantean propuestas de política pública TIC para 2026–2030 orientadas a fortalecer el marco normativo, institucional y social.

Pedro Enrique Chaves Rodríguez¹

Los avances revisados en la primera parte permiten identificar los principales retos y oportunidades en la formulación e implementación de políticas públicas en materia de TIC en el ámbito nacional, los cuales se abordan a continuación.

1. Propuestas para la política pública en materia TIC (2026 – 2030)

Si bien se han compartido bases importantes sobre las que se basan las siguientes propuestas, los retos son notorios y la responsabilidad proactiva del Estado, la Academia, la ciudadanía y la iniciativa privada debe ser armónica y acompañada hacia el bienestar general y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mundo globalizado del que estamos llamados a ser parte más activa.

En primer lugar, es urgente y esencial participar en iniciativas legislativas ya existentes en el país, tales como:

• Reformas a la Ley 1581 de 2012 (en materia de protección de datos personales).
• Reformas a Ley 1273 de 2009 (en materia de delitos informáticos).
• Proyectos de ley que buscan regular la inteligencia artificial en Colombia.
• Concreción de las propuestas formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo – vistas anteriormente.

En sentido similar, es esencial abrir el debate técnico, jurisprudencial, normativo y social respecto a los siguientes puntos:

• Regulación de nuevos derechos, como el derecho al olvido, los neuroderechos, la identidad digital, la responsabilidad civil y penal basada en los sistemas de inteligencia artificial y el régimen de propiedad intelectual de las creaciones basadas en IA (Esquivel & Galvis, 2022).
• Desarrollo de derechos y obligaciones en materia de ciber-seguridad y políticas de prevención (ej. de ransomware a entidades del Estado) y uso de blockchain por parte de las notarías.
• Regulación de nuevos entornos, como el metaverso, los OTTs (como Netflix, Dropbox, Spotify), vehículos autónomos, criptoactivos, drones, internet de las cosas, biometría y nuevos mecanismos de autenticación.
• Protección del bienestar del consumidor, los mercados, y la libre entrada y salida de bienes y servicios, a través de las economías circulares, las llamadas automáticas (robocalls), las llamadas con estafas de inteligencia artificial, los sistemas de préstamo de dinero irregulares, la publicidad engañosa, la publicidad generada por IA o con influencers, las fake news y las suplantaciones.
• Protección de comunidades vulnerables – adultos mayores, trabajadoras y trabajadores sexuales y del entorno digital, personas con discapacidad, menores de edad, personas privadas de la libertad, y población en zonas remotas de Colombia.
  • Esto, especialmente considerando las barreras visibles e invisibles que limitan el acceso a bienes y servicios TIC para los diferentes grupos poblacionales.
• Uso responsable y ético de la inteligencia artificial por parte de servidores públicos, incluidos servidores judiciales, de manera asistencialista (Galvis et al., 2022).
• Evaluación sobre la conveniencia de la generación de nuevas entidades públicas, así como el fortalecimiento de las actualmente existentes (a nivel organizacional y de facultades de acción).
• Impacto de las tecnologías emergentes en la salud mental de todos los rangos poblacionales, y medidas para protegerla, sin caer en el perfeccionismo ni en la esfera íntima.
• Fomento a la educación digital, al aprendizaje de un segundo idioma, patrocinios y beneficios económicos para quienes estudian y ejercen disciplinas informáticas, desde la primera infancia hasta el nivel doctoral y posterior.
• Marco presupuestal, de infraestructura y de talento humano (y digital) para cubrir las necesidades multidimensionales en esta materia en todo el territorio nacional, de manera eficiente y verificable.
• Conveniencia de elaborar, suscribir e implementar convenciones internacionales sobre temas TIC, especialmente en asuntos relacionados a los derechos humanos.

Es recomendable que lo aquí expresado venga acompañado del seguimiento de las recomendaciones de la UIT, Unidroit, OCDE, Comunidad Andina, ONU y demás entidades multilaterales, para lograr una colaboración armónica y un cumplimiento integral de los fines sociales del Estado. A 35 años de su consagración, es esencial preservar el espíritu de la Constitución y mantener activos sus preceptos, independientemente de que nuestras realidades hayan cambiado sustancialmente, y de que los nuevos desafíos requieran de ponderaciones de derechos más elaboradas y del aprovechamiento de nuevas fuentes y recursos.

Es esencial resaltar que varios de los aspectos mencionados vinculan un análisis socioeconómico y ético del derecho, esto es, en asuntos que atienden al empleo (por ejemplo, en los derechos de desconexión y modalidades de trabajo a distancia), la salud, el sector judicial, el sistema notarial, la bioética, la investigación científica, la migración, entre otros.

Un foco adicional de política pública surge al escuchar las denuncias, demandas y quejas de los ciudadanos, tanto a nivel formal o institucional como en foros comunitarios de las redes sociales. A través de sistemas de análisis de datos y de la ampliación del acceso a la tecnología, las entidades territoriales y nacionales podrían mapear los principales motivos de inconformidad en la ciudadanía, y trasladar su valor a las fuentes de cambio social e iniciativa legislativa. Se debe trabajar en mecanismos que canalicen efectivamente estos mensajes colectivos, de forma que se fortalezca la participación ciudadana, la confianza en las instituciones, la resolución de necesidades jurídicas insatisfechas en esta materia y el surgimiento y potencialización de nuevos movimientos populares desde sectores que no se sienten representados y buscan soluciones alternativas y viables construidas desde abajo hacia arriba.

Es necesario mencionar también que en todo lo anterior debe ser bienvenida la mano de la Academia y de la iniciativa privada, tanto nacional como internacional, logrado la mencionada colaboración armónica y el bienestar general. Lo anterior facilitaría el fomento de la industria y la producción intelectual nacional en materia TIC, fortaleciendo nuestra soberanía, reduciendo nuestra dependencia, y aportando valor desde el eje latinoamericano al sector a nivel internacional, lo cual realmente nos colocaría a la vanguardia e indudablemente agregaría mayor valor a nivel global.

De la mano con lo anterior, es conocido que la magnitud de estas redes y sistemas hacen que el sector TIC requiera grandes inversiones de capital, razón adicional por la que se deben generar políticas públicas y normativas para proteger y motivar a los inversionistas nacionales e internacionales que se interesen en formar parte y consolidar este sector.

De esta manera, es fundamental tener en cuenta que, si bien todo lo anterior es relevante, y esperado por parte del Estado, es también esencial no caer en la hiper-regulación, dado que la práctica siempre irá por delante de los desarrollos legales, evitando medidas perfeccionistas, contraproducentes, populistas, invasivas, o que caigan en desuso prontamente.

Conviene igualmente recurrir a las diversas campañas electorales que se encuentran activas en este momento, de donde surgen iniciativas reveladoras y necesarias en todos los sectores, y donde la participación ciudadana, especialmente aquella ejercida a través de sistemas tecnológicos, se vuelve otro eje de la misma colaboración armónica y un garante del cumplimiento de los fines sociales del Estado, como fue señalado anteriormente.

Cabe resaltar que todos estos desarrollos sólo son posibles a través de una descentralización del conocimiento, esto es, atendiendo verdaderamente a las regiones y generando una matriz transversal de saberes y enfoques. Lo mismo sucede respecto a profesionales de todas las disciplinas y corrientes, asimismo edades, dado que el asunto es de alta relevancia y trascendencia para todos los sectores y capas de la sociedad, tanto ahora como a mediano y largo plazo.

En resumen, son amplias las propuestas que se pueden formular en la materia actualmente, dado lo incipiente del tema. Por ello, nos encontramos en el momento preciso para seguir construyendo estas iniciativas con un enfoque práctico en el beneficio de la ciudadanía colombiana y de la comunidad jurídica y técnica en materia TIC a nivel internacional.

2. Conclusiones

Visto lo anterior, se resalta que Colombia ha evolucionado normativamente y encuentra entre sus prioridades el desarrollo técnico, legal y práctico de los asuntos relacionados al sector TIC. Estos puntos abordan realidades y necesidades sustanciales de la ciudadanía, como el trabajo, la salud, la intimidad, la seguridad, el entretenimiento, el uso cotidiano y a gran escala de sistemas de inteligencia artificial, la domótica, entre otros, ante los cuales el derecho aún no tiene todas las respuestas, pero que en todo caso deben ser considerados crítica y constructivamente, protegiendo y a su vez dando libertad a los ciudadanos de nuestro país.

Los desarrollos jurídicos desde los diferentes sectores del Estado han apoyado y delineado el camino de varias de estas tecnologías, y de allí mismo surgen iniciativas para mejorarlas y orientarlas hacia el cumplimiento de los fines públicos. La arquitectura institucional colombiana, acompañada de la Academia y el sector privado, son actores esenciales que deben colaborar armónicamente para garantizar el éxito de este tipo de sistemas, donde la proactividad, la neutralidad, y la soberanía actúan con un papel importante.

En todo caso, los retos permanecen latentes y surgen cada vez más preguntas sin respuesta unísona. Ante este escenario, y en vista de la presente revolución industrial, es esencial garantizar el respeto de nuestra Constitución Política, así como atender al panorama internacional, escuchar a la ciudadanía, y establecer reglas claras y justas para todos los actores involucrados, especialmente frente a aquellos más vulnerables. Es allí donde se encuentra el verdadero equilibrio y bienestar general por el que deben propender todas las corrientes políticas en los actuales tiempos electorales.

Bibliografía

Galvis Vega, G., Alfonso Acosta, G., Rodríguez Peñaloza, A., Cabeza Zambrano, C., Olarte Mojica, L., Garzón Fierro, V., Chaves Rodríguez, P., & Trespalacios Rojas, I. (2022). Inteligencia artificial en el proceso de predicción de decisiones judiciales como modelo asistencialista mixto: entre la codificación y la justicia equitativa. UNA Revista de Derecho, 7(1), 38–68.

Hernández, J. (2020). Can machines think? Inteligencia Artificial y Derecho de Daños. Revista E-Mercatoria, 19(1), 1–35.

Namén, Á. (2021). El gobierno digital: modelo en el que confluyen el Estado y las TIC. En É. González, L. Herrera, J.Murgueitio, & S. Ortiz (Eds.), Las TIC y la sociedad digital. Doce años después de la ley (Tomo II, pp. 129–189). Universidad Externado de Colombia.

Ortiz, S. (2021). Los nuevos instrumentos para fomentar la inversión y de esta manera garantizar la conectividad y el cierre de la brecha digital en Colombia. En É. González, L. Herrera, J.Murgueitio, & S. Ortiz (Eds.), Las TIC y la sociedad digital. Doce años después de la ley (Tomo I, pp. 339–386). Universidad Externado de Colombia.

Puentes-Poloche, M., Guzmán, A., & Cala-Vitery, F. (2023). Implementation of the digital government public policy in Colombia: Lessons learned from public entities. F1000Research. https://doi.org/10.12688/f1000research.139586.1

1. Abogado de la Universidad de los Andes y estudiante de la Especialización en Derecho Informático y de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con cinco años de experiencia en derecho informático, comercial y migratorio, asesorando a empresas de tecnología y multinacionales. Sus líneas de interés e investigación son: inteligencia artificial, política pública y derechos digitales. ↩︎

*La entrada publicada en el Blog no refleja la opinión del Departamento de Derecho, Comunicaciones y Tecnologías de la Información. El autor es el único responsable del contenido y las opiniones expresadas en la misma*.

*Imagen tomada de Unsplash.