¿Todo influencer es periodista?: La sentencia T-241 de 2026 y el proyecto de Ley 231 de 2026 que no responde del todo al llamado de la Corte

Margarita Inés Baquero Morón¹

El 10 de agosto del presente año, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-241 de 2026², providencia que se ocupa de uno de los asuntos más sensibles del ecosistema digital contemporáneo: la naturaleza jurídica de la actividad que desarrollan los creadores de contenido y los límites que de ella se derivan. En un entorno en el que las barreras de acceso a la producción y difusión de información prácticamente han desaparecido (basta un dispositivo móvil y una cuenta en cualquier plataforma para llegar a miles o millones de usuarios), la frontera entre quien simplemente comparte contenido y quien ejerce una labor informativa se ha vuelto cada vez más difusa.

En este contexto surge el siguiente interrogante: ¿puede un influencer o creador de contenido ser considerado periodista y, por tanto, quedar sujeto a los deberes y responsabilidades propios del ejercicio periodístico?

Al analizar la calidad de la accionada, como creadora de un pódcast, la alta Corte, señaló que “la jurisprudencia constitucional ha colegido que el ejercicio del periodismo no se limita a ciertas profesiones, sino que se desprende de un análisis material. La calidad de periodista se adquiere por el mero hecho de dedicarse a la difusión de opiniones e informaciones sin que se requiera una certificación o título de idoneidad, conforme las Sentencias C-087 de 1998, C-987 de 2004, T-534 de 2024, T-482 de 2024 y T-230 de 2025”³.

En el mismo sentido, al referirse a la libertad de prensa, la alta Corte reiteró que “la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en diferentes oportunidades al ejercicio del periodismo. En la Sentencia C-087 de 1998, la Corte concluyó que (i) la calidad de periodista no se predica a partir de un requisito habilitante como haber realizado estudios en dicha área, sino que se deriva de la naturaleza de la actividad y (ii) los deberes de los periodistas no se originan tampoco en la obtención de un título o de una tarjeta profesional, sino que el ejercicio del periodismo está ligado moral y jurídicamente al cumplimiento de dichos deberes”⁴.

Con base en este criterio material, la Sala concluyó en el caso concreto que la accionada ejercía labor periodística a través de su pódcast.

Se comparte la postura del fallo: la calidad de periodista no depende de la denominación que se le dé a quien difunde contenido, sino de la actividad que efectivamente desarrolle, lo cual debe verificarse en cada caso concreto, pues no todo influencer o creador de contenido es, por ese solo hecho, periodista. Este criterio permite reconocer que quienes realizan entrevistas en video o pódcast pueden ejercer una labor periodística, como ocurrió en el caso analizado, y, por tanto, quedar sujetos a los deberes y responsabilidades propios de esa actividad.

Ahora bien, cuando ejercen una labor periodística, los creadores de contenido están llamados a respetar los derechos de sus entrevistados e invitados, toda vez que la libertad de expresión y la libertad de prensa no son derechos absolutos y su ejercicio debe sujetarse a ciertas reglas.

Así las cosas, la subregla de decisión fijada por la Corte es la siguiente: “si un creador de contenido o influencer, en ejercicio de actividad periodística, mediante un pódcast, publica y/o divulga información íntima y utiliza la imagen de una persona (i) sin obtener su consentimiento libre, previo e informado, ya sea expreso o tácito, y/o (ii) en desconocimiento de su revocatoria, vulnera sus derechos a la intimidad y a la propia imagen”⁵.

Como parte de la garantía de la protección de estos derechos, en la parte resolutiva de esta decisión, se exhortó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Congreso de la República a expedir, dentro de sus competencias, una regulación que defina los derechos y deberes de los creadores de contenido, de los influencers y de sus intermediarios comerciales en Colombia. Dicha regulación deberá partir de que la libertad de expresión ejercida en redes sociales tiene como límite el respeto de los derechos fundamentales y de la Constitución Política. Esta decisión responde a las necesidades del mundo actual, pues el derecho debe avanzar al ritmo de la sociedad.

El pasado 7 de septiembre de 2026, varios representantes⁶ presentaron el proyecto de Ley 231 de 2026⁷ por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones⁸. Si bien la iniciativa parece acoger el llamado de la Corte, es posible afirmar que no responde a él de la manera más adecuada, por las razones que se exponen a continuación.

En primer lugar, el Título I, “Disposiciones generales”, define en su artículo 3 al influencer y al creador de contenido. Al primero lo entiende como quien “produce y/o difunde” contenidos digitales y tiene una comunidad en línea que le permite influir en el comportamiento del consumidor, siempre que su actividad reúna ciertas características: responsabilidad editorial, monetización, un nivel de influencia medible mediante métricas y un ejercicio sistemático y habitual. Al segundo lo define como la persona natural o jurídica que produce contenidos difundidos por canales o plataformas digitales, “independiente de su número de seguidores e impacto”. Por su parte, la Corte en la sentencia antes referida, con base en una investigación de la Universidad de Cornell, entendió la relación entre ambas figuras como de género a especie: todo el que produce contenidos en redes sociales o plataformas es creador, pero solo quien lo hace de manera profesional, con capacidad de monetización y con alta influencia puede ser denominado influencer.

El proyecto se aparta de esa distinción, pues no exige profesionalidad y se conforma con que la influencia pueda medirse, sin importar si es alta. Además, el articulado impone las mismas obligaciones al “creador de contenido digital o influencer”, de modo que la diferencia entre ambos no produce ninguna consecuencia jurídica y definirlos por separado pierde sentido.

En segundo lugar, el Título II, “Del consentimiento, la intimidad y la propia imagen de terceros en la creación de contenidos digitales”, dispone en su artículo 11 que el consentimiento debe ser previo, libre e informado tal como lo indicó la Alta Corte. Sin embargo, no evaluó los casos en los que el consentimiento puede ser posterior, con el objetivo de no limitar la espontaneidad de los videos. Este aspecto no debe restringirse, ya que garantiza la libertad de expresión y la libertad de prensa. Como se señaló, estos derechos no son absolutos, pero su ejercicio también debe valorarse según el contexto.

Así, por ejemplo, cuando Camilo Cifuentes⁹ graba en la calle a personas con el único propósito de hacer una obra de labor social, lo ideal es que el video sea espontáneo y que el consentimiento libre e informado se obtenga posteriormente, antes de su publicación. Esa espontaneidad es la que le da sentido al contenido y genera el interés de sus seguidores, del cual depende la financiación del creador y, con ella, la de sus labores sociales. Exigir un consentimiento previo afectaría, por tanto, la continuidad de esas labores. En ese orden de ideas, se considera que debe evaluarse en cada caso concreto cuándo el consentimiento puede ser posterior, del mismo modo en que en la sentencia analizada se verificó en el caso concreto si la accionada ejercía labor periodística. Naturalmente, esta posibilidad no cabría frente a información íntima, respecto de la cual la subregla de la Corte exige que el consentimiento sea previo.

En tercer lugar, el artículo 14, relativo al régimen de responsabilidad, no deja claro cuál es el régimen aplicable. No precisa si la responsabilidad será subjetiva u objetiva, ni si habrá casos en los que pueda ser solidaria. Esta falta de precisión y claridad resulta problemática, pues se exhortó precisamente a definir los deberes de los creadores de contenido, de los influencers y de sus intermediarios comerciales. Por ello, se advierte que el proyecto debería inspirarse en las normas que ya regulan temas semejantes: el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), la ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) y la Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores de la Superintendencia de Industria y Comercio¹⁰.

En cuarto lugar, se considera completamente innecesario crear la cuota de fomento prevista en el artículo 15 del Título III. Si bien el sujeto obligado es quien contrata los servicios del creador de contenido o influencer, y no este último, la medida termina afectando a los creadores. La cuota le suma un 1% al valor de cada contrato y le impone al contratante el deber de declarar y transferir lo recaudado dentro de los diez primeros días del mes siguiente¹¹, so pena de asumir la cuota e intereses moratorios, sin perjuicio de otras sanciones¹². La tarifa y los trámites son los mismos para todos los contratantes, sin consideración a su tamaño o capacidad económica, por lo que su peso relativo es mayor para los más pequeños.

Así, por ejemplo, para un emprendimiento pequeño, contratar a creadores de contenido es una forma accesible de darse a conocer y atraer clientes. Para una empresa grande, la cuota y los trámites que conlleva son un costo menor; para un emprendimiento que apenas comienza, representan una carga adicional que le dificulta crecer justo en la etapa en la que más necesita visibilidad. Esto no se compadece con el deber del Estado de estimular el desarrollo empresarial, consagrado en el artículo 333 de la Constitución, ni con el enfoque de la Ley 2069 de 2020, que busca propiciar el crecimiento de las empresas y prevé tratamientos diferenciados según el tamaño empresarial. Si, por esa razón, el emprendimiento deja de contratar, el perjuicio recae también sobre los creadores de contenido, en especial los más pequeños.

En quinto lugar, el proyecto contempla un registro de creadores de contenido, en cuya construcción participarían el MinTIC y el DANE. Sin embargo, no precisa a quién obliga, qué autoridad verifica la inscripción ni qué consecuencia jurídica tiene no inscribirse.

El registro mercantil ofrece un punto de comparación útil. Así como la Corte acudió a un criterio material para determinar la calidad de periodista, el derecho comercial no hace depender la calidad de comerciante de la inscripción. La hace depender de la actividad: la realización de actos mercantiles (art. 20 C.Co), ejercidos de forma profesional y habitual con ánimo de lucro (art. 10 C.Co). Por eso, la matrícula tiene efecto declarativo y no constitutivo (art. 13 C.Co). Aun así, la ley impone el deber de matricularse (art. 19 C.Co), atribuye la llevanza del registro a las Cámaras de Comercio (art. 27 C.Co) y sanciona su omisión con multa (art. 37 C.Co).

El proyecto carece de un criterio equivalente para determinar quién es creador de contenido, no asigna la administración del registro ni prevé consecuencias por su incumplimiento. En esas condiciones, el registro operaría como un censo voluntario y no como un instrumento de regulación.

Por último, el Título IV, en su artículo 19, crea el Fondo Nacional de Protección Solidaria para los Creadores de Contenido. Más que innecesario, este fondo representa una carga injustificada para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lo lógico es revisar los instrumentos que ya existen y que pueden usarse. En ese sentido, los recursos provenientes del recaudo de las multas y demás sanciones económicas que el proyecto destina a este fondo deberían ingresar a un fondo preexistente del MinTIC, como el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fondo Único TIC). Con ellos se financiaría lo que el Ministerio tenga previsto para el año siguiente.

De lo expuesto se concluye que, la sentencia T-241 de 2026 confirma que la calidad de periodista no la otorga un título ni la etiqueta de influencer, sino la actividad que efectivamente se desarrolla. Por ello, quien ejerce labor periodística desde un pódcast o cualquier otro formato debe respetar la intimidad y la propia imagen de sus entrevistados. El exhorto de la Corte era una oportunidad para dotar de reglas claras a esta actividad, pero el proyecto de ley presentado el 7 de septiembre de 2026 no la aprovecha de la mejor manera. No contempla el consentimiento posterior a la grabación y anterior a la publicación, no define el régimen de responsabilidad y crea cargas innecesarias, como una cuota de fomento indiferenciada, un registro sin mecanismos de verificación y un fondo nuevo.

Atender el llamado de la Corte no exige partir de cero: el Estatuto del Consumidor, el régimen de protección de datos personales y la Guía de la SIC ofrecen referentes suficientes. En definitiva, el reto no consiste en elegir entre regular o no la creación de contenido, sino en hacerlo con mesura, de modo que el derecho avance al ritmo de la sociedad sin entorpecerla ni convertir en un trámite una actividad que hoy forma parte de la vida cotidiana.

BIBLIOGRAFÍA

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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 231 (7, septiembre, 2026). Legislatura 2026-2027. Por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Gaceta del Congreso. Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2026-2027/PL%20231-2026%20-%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 394 (11, marzo, 2025). Legislatura 2024-2025. Por medio de la cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital para un ecosistema digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Gaceta del Congreso 306 (18, marzo, 2025). Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2024-2025/PL%20394-25%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf

MOLANO PARÍS, María Camila. Responsabilidad del influenciador digital a la luz del Estatuto del Consumidor colombiano. En: Revista La Propiedad Inmaterial. Enero-junio, 2021. no. 31, p. 157-193. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/d7643e3e-c54d-4a5c-a38a-6027cb460679

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. DELEGATURA PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores. Bogotá, D.C.: SIC, 2020. 23 p. Disponible en: https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/112020/GU%C3%8DA%20DE%20BUENAS%20PR%C3%81CTICAS%20EN%20LA%20PUBLICIDAD%20A%20TRAV%C3%89S%20DE%20INFLUENCIADORES%20005.pdf

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480 (12, octubre, 2011). Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2011. No. 48220. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1480_2011.html

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1581 (17, octubre, 2012). Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. No. 48587. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

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1. Egresada de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Diplomada en Políticas Públicas y Contratación Estatal, con formación en Innovación Pública y Litigio Internacional en Derechos Humanos. Auxiliar de investigación del Departamento. ↩︎
2. En la sentencia T-241 de 2026, la Corte Constitucional estudió la acción de tutela de una víctima de violencia de género cuya entrevista fue publicada en el pódcast Audiovisuales La Pradera y siguió disponible en algunas plataformas pese a su solicitud de retiro. La corporación amparó sus derechos a la intimidad y a la propia imagen porque: (i) la accionante no conoció plenamente las condiciones de difusión, las plataformas, la monetización ni las condiciones de eliminación del contenido, y (ii) la accionada no actuó con diligencia frente a la revocatoria. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-241-26.htm ↩︎
3. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-241/26. Expediente T-11.758.862. (10 de agosto de 2026). M.P. Vladimir Fernández Andrade. Bogotá, D.C. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2026/T-241-26.htm ↩︎
4. Ibídem. ↩︎
5. Ibídem. ↩︎
6. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 231 de 2026 (7, septiembre, 2026). Por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Autores: H.S. Ferney Silva Idrobo, H.S. Pedro Hernando Flórez Porras, H.S. Mary Jurado Palomino, H.R. David Alejandro Toro Ramírez, H.R. Daniel Mauricio Monroy Hernández y H.R. James Mosquera. ↩︎
7. Diferente de: COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 394 de 2025 Senado (11, marzo, 2025), Legislatura 2024-2025. Por medio de la cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital para un ecosistema digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Autores: Julio Alberto Elías Vidal, Ferney Silva Idrobo, Alejandro Carlos Chacón y Gustavo Adolfo Moreno Hurtado. Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2024-2025/PL%20394-25%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf ↩︎
8. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 231 de 2026 (7, septiembre, 2026). Legislatura 2026-2027. Por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Gaceta del Congreso. Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2026-2027/PL%20231-2026%20-%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf ↩︎
9. Camilo Cifuentes es un creador de contenido colombiano que se ha popularizado en redes sociales por su frase viral “yo afán no tengo”. Su contenido se centra en la labor social: compra mercancía a vendedores ambulantes y a personas de escasos recursos para luego regalarla. Una característica particular de sus videos es que nunca muestra su rostro, lo que mantiene el foco en las personas a las que ayuda y no en él. ↩︎
10. MOLANO PARÍS, María Camila. Responsabilidad del influenciador digital a la luz del Estatuto del Consumidor colombiano. En: Revista La Propiedad Inmaterial. Enero-junio, 2021. no. 31, p. 157-193. Disponible en: https://bdigital.uexternado.edu.co/entities/publication/d7643e3e-c54d-4a5c-a38a-6027cb460679 ↩︎
11. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 231 de 2026 (7, septiembre, 2026). Por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Artículo 17. Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2026-2027/PL%20231-2026%20-%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf ↩︎
12. COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Proyecto de Ley 231 de 2026 (7, septiembre, 2026). Por medio del cual se regula y promueve la actividad de creación de contenido digital responsable en Colombia y se dictan otras disposiciones. Artículo 18. Bogotá, D.C. Disponible en: https://leyes.senado.gov.co/p-ley/2026-2027/PL%20231-2026%20-%20CONTENIDO%20DIGITAL.pdf ↩︎

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